Las normas para el ámbito empresarial del país, aprobadas durante el 2018 e inicios de este año, buscan fomentar las buenas prácticas y reducir los hechos sancionables, mediante el aumento de responsabilidades a los directores y representantes legales de las sociedades. La premisa es que ellos, como conocedores del negocio y profesionales independientes, respondieran por el incumplimiento de normas específicas. 

Hoy, incluso se establecen responsabilidades a personas jurídicas por fallas en el modelo de prevención de determinados eventos. La creación de estos mecanismos considera que las sociedades tienen la estructura y organización suficientes para implementar medidas que ayuden a eliminar prácticas no deseadas, en busca de lograr que la asignación de responsabilidades sea más eficiente. 

Un problema de todos

Una columna publicada en El Comercio revela que el 94.7 % de las empresas peruanas son microempresas, con menos de diez trabajadores y no llegan a 150 UIT en ventas anuales. Ante esa realidad, hay que cuestionar a qué empresas apuntan las normas que aparentan abarcar temas generales, ya que muchas no cuentan con directorio, órganos administrativos calificados ni accionistas que solo actúen en calidad de inversionistas.

Al contrario, en la mayoría de las empresas, los accionistas toman las decisiones estratégicas y operativas, y tienen más información que los gerentes, quienes pasan a ser simples ejecutores. Al ser empresas pequeñas, los cargos no son independientes ni empoderan lo suficiente a nadie como para objetar órdenes de la junta de accionistas. Si alguien se niega a cumplir una tarea, tendrá que renunciar o será despedido. 

Estas situaciones demuestran que las normas empresariales tratan como un "escenario general" solo a una fracción mínima de empresas en el mercado y considera al resto como regímenes especiales, pese a ser una gran mayoría. Esta visión genera que muchos empresarios no se sientan afectados por estas disposiciones y piensen que no les involucran, ya que están destinadas solo a las grandes compañías. 

Es necesario impulsar la participación de la mayoría de empresas en los objetivos trazados para generar un impacto masivo. Sin embargo, se requiere considerar el escenario real empresarial, ajustar las disposiciones y no dictar normas enfocadas solo en aquellas que, al ser más grandes, tienden a ser las más supervisadas y fiscalizadas.